Lun, 06/06/2016 - 20:00 - Jue, 28/07/2016 - 22:00
Imágenes autorizadas

“Son infracciones graves:

 

[…]

 

23. El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.”

 

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Desde hace más de cinco años Europa vive un constante clima de cambio político. Movimientos como Occupy, 15M o el reciente Nuit Debout han abierto el tablero a la participación de una ciudadanía que demanda cada vez mayor protagonismo en unas democracias en decadencia: desde Madrid hasta Kiev, desde Estambul a París. Las reacciones de diferentes gobiernos de uno y otro signo han sido similares en todos los casos. Ante la ineficacia de los intentos de reprimir las protestas ciudadanas mediante fuertes (y vistosos) dispositivos policiales, muchos han virado su estrategia hacia métodos más sutiles con el objetivo de criminalizar las protestas al tiempo que se oculta su represión. Apelando a diferentes motivos que afectan de lleno a la sensibilidad de la opinión pública occidental, unas veces el terrorismo, otras la inmigración, no son pocos los países que se han sumado a esta “tendencia” de desarrollar legislaciones cada vez más restrictivas respecto a la libertad de expresión e información amparados en la excusa de reforzar la seguridad frente a supuestas amenazas internas y externas. El penúltimo de estos ejemplos lo representa la llamada “Ley de protección de la seguridad ciudadana”, que entró en vigor en España el 1 de julio de 2015 y que sigue vigente cuando cumple su primer aniversario.

 

Dicha ley, inmediatamente apodada por los medios de comunicación como Ley Mordaza, además de convertir en delito formas de protesta ciudadana que eran legales anteriormente y transferir a la policía capacidades que hasta ahora eran terreno exclusivo del poder judicial, incluye también un posicionamiento que afecta directamente al terreno de la imagen. Su párrafo 23, del Artículo 36, Sección 2a, Capítulo II convierte en infracción grave el uso no autorizado de imágenes de la Policía. La deliberada ambigüedad en su redacción, encaminada a ensanchar los límites en cuanto a su aplicación ha acabado generando en la práctica situaciones inverosímiles, debido a la laxitud y manga ancha con que se recurre a ella. No sólo el trabajo de profesionales del periodismo y de la imagen se han visto afectados por la ley, sino que sus efectos han llegado hasta el resto de la ciudadanía. En agosto de 2015 se imponían 300€ de multa a un conductor por llamar “colega” a un agente y pocos días más tarde se multaba con 800€ a un joven que subió a Facebook una foto de un coche patrulla aparcado en una plaza para discapacitados.

 

Paralelamente, en un momento en que las cámaras e imágenes se han convertido en omnipresentes, la Policía y otros cuerpos y fuerzas de seguridad sí difunden imágenes propias a través de diversos canales. Desde selfies en sus cuentas de Twitter e Instagram hasta fotografías de actos institucionales que son enviadas a la prensa para su publicación. El Estado ha pasado de ostentar el monopolio de la violencia a reclamar para sí mismo también el monopolio de su propia imagen.

 

Pero, ¿qué pasaría si estas imagenes generadas desde dentro estuviesen también sometidas a los procesos de censura necesarios para cumplir los parámetros de la Ley Mordaza? Este proyecto cuestiona el planteamiento de dicha ley aplicando su contenido a las imágenes que distribuyen las propias instituciones y organismos policiales y gubernamentales al tiempo que explora diferentes estrategias visuales para desmontar sus propósitos aun cumpliendo estrictamente con todos y cada uno de sus artículos y postulados.